Concepto y tipos de delitos semipúblicos

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En la legislación actual existen tres tipos de delitos en base a por parte de quién son perseguibles penalmente: delitos privados, delitos públicos y delitos semipúblicos.

Delitos semipúblicos: concepto

Los delitos semipúblicos, también conocidos como delitos privados, son aquellos que requieren requieren la denuncia previa por parte del perjudicado. El Ministerio Fiscal no se podrá constituir en parte mientras el perjudicado no presente la denuncia. Tampoco podrán hacerlo otras acusaciones privada so populares.



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Qué son los delitos leves

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Con la última reforma del Código Penal, en vigor desde el primero de julio del año pasado era la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, lo que hasta entonces conocíamos como “faltas penales” dejaron de existir dando paso a los “delitos leves”.



“Las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves”, dice la Disposición adicional del nuevo Código Penal

Los delitos leves se definen por su pena

En la práctica, lo que antes se conocía como falta penal ahora es un delito leve sin embargo, esto lleva implícito un importante cambio. Si bien, al igual que sucedía en el caso de las faltas, ante un delito leve no cabe la detención de una persona, salvo casos excepcionales, la transformación de las faltas penales en delitos leves sí que supondrá la existencia de antecedentes, algo que antes no sucedía por la mera comisión de una falta.

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La Ley de Enjuiciamiento Criminal y su última reforma

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La Ley de Enjuiciamiento Criminal, también conocida por sus sigla LECrim, fue promulgada por el “Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, y publicada en la Gaceta (el equivalente al actual Boletín Oficial del Estado o B.O.E.) de 17 de Septiembre de 1882. Su entrada en vigor se produjo en el día 7 de Octubre de 1882, manteniéndose vigente desde entonces su más reciente reforma de finales de 2015.

Concepto y estructura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula todas las actuaciones vinculadas a cualquier proceso de carácter penal entre ellas:



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Resolución judicial: sentencia como decisión final de juicio o pleito

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La sentencia constituye, junto con la providencia y el auto, los tres tipos de resolución judicial existentes en España, tal y como establece el artículo 245.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hablaremos de sentencias cuando nos encontremos ante resoluciones judiciales que “decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma”. En consecuencia, la sentencia es un acto procesal (resolución judicial) a través del cual un juez o tribunal competente decide sobre una causa o recurso, poniendo fin a un proceso o a una etapa del mismo.

Las sentencias podrán ser firme, es decir, definitiva, cuando ante ellas ya no pueda ser interpuesto recurso alguno, con la única excepción del recurso de revisión u otros aquellos recursos extraordinarios que la ley establezca, o bien cuando, existiendo tal posibilidad, el plazo legalmente establecido para ello haya sido superado.

 

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Tal y como establece el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se notifique una sentencia a las partes afectadas, en ella se deberá recoger de manera expresa si se trata de una sentencia firme o no, así como  “los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello”.

Por otro lado, toda sentencia debe estar debidamente motivada y justificada e incluirá, separados en párrafos diferentes y en este orden exacto, los antecedentes de hecho, los hechos probados, los fundamentos de derecho que motivan dicha sentencia y en último lugar, el fallo alcanzado por el juez o tribunal, es decir, su decisión. Además, el auto de sentencia deberá ir firmado por el juez o tribunal que lo dicta.

Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten. (art.248.3 Ley Orgánica del Poder Judicial)

Existen varios tipos de sentencias en función de diferentes criterios:

  • Hablaremos de sentencia colectiva cuando ésta emane de un tribunal colegiado, y no de un único juez.
  • En función del órgano que las dicta y de las formalidades concretas de la  propia sentencia, podemos hablar de sentencias de primera o segunda instancia.
  • Si la sentencia estima o desestima una demanda previa, nos encontraremos ante sentencias estimatorias o sentencias desestimatorias respectivamente.
  • En base al contenido específico de las sentencias, existen sentencias declarativas, de condena y determinativas.

Por tanto, una sentencia podrá ser, por ejemplo, colectiva, de primera instancia, estimatoria y declarativa.

Sobreseimiento, ¿qué es?

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En líneas generales, y dentro del ámbito penal, el sobreseimiento de una causa es el equivalente a su archivo, es decir, se dice que una causa ha sido sobreseida cuando ha sido archivada. Esto se produce mediante una resolución judicial que es comunicada bajo la forma de un auto judicial, existiendo varios tipos de sobreseimiento: libre o provisional, total o parcial.

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¿En qué consiste el procedimiento abreviado en Penal?

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El procedimiento abreviado es una modalidad de procedimiento penal que se emplea para juzgar aquellos delitos recogidos por el Código Penal de España cuando la pena de prisión contemplada para no exceda los nueve años de prisión, así como penas de cualquier naturaleza, cuantía y duración como la inhabilitación, la multa, etcétera.

El hecho de que un delito se comience a juzgar a través de un procedimiento abreviado no implica que con posterioridad, en caso de comprobarse que los hechos deberían ser juzgados por otro procedimiento, no se pueda abandonar el mismo para que su enjuiciamiento continúe por el proceso penal que corresponda según el caso, y sin que sea necesario anular las actuaciones y diligencias que hasta ese momento se hayan efectuado.

Todo procedimiento abreviado requiere de una querella o denuncia presentada por un particular, o a través de un atestado policial o por las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal para su inicio.

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El delito de allanamiento

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El delito de allanamiento no sólo tiene que ver con acceder a un domicilio sin el consentimiento de su propietario o de quién legítimamente reside en él, si no también con permanecer en el mismo contra su voluntad, e incluso afecta a establecimientos que están abiertos al público.

El delito de allanamiento está recogido en el Título X del Código Penal español bajo el Capítulo II, “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, y contempla diferentes penas de prisión y/o multa en base a las circunstancias que concurran.

El Código Penal, en su artículo 202.1, indica que incurrirá en un delito de allanamiento todo aquel “particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador”.

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¿Cómo funciona un juicio oral penal?

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Cualquiera de nosotros podríamos formar parte de un procedimiento penal, ya sea como acusados, ya sea como demandantes, Ante una situación como esta es totalmente natural y lógico sentir nervios y dudas pues se desconoce la forma en la que se va a desarrollar el juicio oral penal.  Hoy nos ocuparemos de las líneas maestras de este proceso, sabremos cuáles son los pilares en los que se apoya y cómo se desarrolla un juicio oral.

Qué es y en qué se fundamenta el juicio oral penal

El juicio oral penal es la última etapa de un procedimiento penal que se tiene lugar una vez concluida la fase de investigación o instrucción y la fase de acusación provisional.

El procedimiento penal se produce a consecuencia de la sucesión de unos hechos que el Código Penal tipifica como delitos y que en consecuencia, acarrean penas de privación de libertad y/o multa en múltiples formas.

No debemos olvidar que el procedimiento penal no finaliza con la sentencia dictada por el tribunal, pues cualquiera de las partes podrán recurrir ante instancias superiores en la forma en que establezca la ley.

El juicio oral penal se sucede en todos los procedimientos penales una vez que se dicte el auto de apertura de la vista oral, ya sea un procedimiento ordinario por delitos graves, un procedimiento abreviado, un procedimiento con jurado…

El juicio oral penal es la etapa en la que se practican las pruebas, incluidos los testimonios de acusado y los testigos, los peritos, etcétera, y cada una de las partes presenta las alegaciones ante el tribunal o juez para que éste dicte sentencia

Dos son los principios fundamentales que rigen el juicio oral penal:

  • El principio de contracción, o de igualdad de las partes en el proceso en tanto que todas ellas dispondrán de las mismas armas y condiciones para defenderse y para acusar.
  • El principio de inmediación, pues tanto las diligencias practicadas en la fase de instrucción como las no efectuadas, serán practicadas ante el juez o el tribunal con el fin de que puedan ser sometidas a la contradicción de las partes.

Otros de los principios que rigen todo juicio oral penal son:

  • El principio de oralidad, en tanto que las partes expondrán sus alegaciones a viva voz
  • El principio de publicidad, de tal forma que, salvo excepciones, cualquier persona puede asistir como observador a la celebración de un juicio oral penal.

 

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Desarrollo del juicio oral penal

Cuando el Juez de Instrucción, considerando que existen pruebas y/o inducciones suficientes de que los hechos tratados pueden ser constitutivos de delito, remite todas las actuaciones hasta el Juzgado de lo Penal, se dicta la apertura de juicio oral penal. En ese momento el imputado (o imputados) ya adquiere la condición de acusado y será conocedor de las posible responsabilidad derivada de sus actos.

La Sala de Vistas es el lugar donde se desarrollará la vista oral o juicio oral penal. A ella accederán las partes. Antes serán nombradas por el oficial debiéndose identificar con su DNI en vigor; los abogados y los procuradores deberán hacerlo con su carné de colegiado.

Dado que la vista oral se rige por el principio de publicidad, salvo excepciones, aquellos ciudadanos que lo deseen podrán asistir como público.

Los peritos y los testigos permanecerán fuera de la sala hasta el instante en que sean llamados a declarar.

El juicio oral penal se inicia con la lectura por parte del secretario de los escritos de acusación y de defensa. A continuación, el juez o tribunal interpelará, por este orden y no otro, a los abogados de la acusación y de la defensa, y al Fiscal. Estos deberán comunicar si consideran que existe alguna causa que pudiese afectar a la competencia del Juzgado o suponer la vulneración de alguno de los derechos fundamentales del acusado. Si se presenta alguna alegación, el juez la dirimirá en ese mismo momento y el juicio oral penal continuará adelante.

En algunas ocasiones, acusado, denunciante y Ministerio Fiscal pueden haber llegado a un acuerdo. Si es este el caso, el juez comprobará que la calificación del delito y la pena acordada son correctas, dictará sentencia en ese momento y el juicio habrá finalizado. De no haberse llegado a acuerdo previo alguno, se iniciará la segunda fase de la vista oral, lapráctica de prueba.

Esta fase se inicia con la declaración del propio acusado al que podrán preguntar, en este orden, el juez, el abogado de la acusación, el Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa. Concluida la declaración del acusado, permanecerá en la sala de vistas hasta la finalización del juicio observando cómo se desatora el proceso pues, como veremos más adelante, aún podrá intervenir una vez más.

Una vez que el acusado ha prestado declaración, llega el turno de los testigos, si los hubiere, propuestos por el fiscal, la acusación particular y la defensa. Serán llamados en este orden exacto, y no otro.

Tras ellos, los peritos propuestos por las partes ratificarán y resolverán las cuestiones planteadas, en calidad de expertos, siendo habitual la exposición de pruebas y documentos durante esta fase más técnica.

Tras ello, el juez preguntará a los abogados de la defensa y de la acusación y al fiscal si mantienen la calificación del delito y la pena inicialmente solicitada o, por el contrario, efectúan alguna modificación.

En caso de no efectuarse modificación alguna, el juez concederá un último turno de palabra al Ministerio Fiscal primero, seguido por el abogado de la acusación y el abogado de la defensa, en este orden. Cada uno de ellos defenderá su posición respectiva fundamentando su intervención. Finalmente, el acusado tendrá una última oportunidad para efectuar su última declaración. Podrá aceptar o rechazar y tras ello, el juicio oral penal quedará visto para sentencia.

El proceso penal: preinstrucción, instrucción y juicio penal

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El proceso penal es un amplio procedimiento de carácter jurídico que se desarrolla a lo largo de varias fases siendo la última de ellas el juicio penal propiamente dicho. Sus objetivos son la identificación, investigación y establecimiento de una pena  en base a las conductas recogidas y definidas como delito penal por el Código Penal vigente en España.

El procedimiento penal inicia su andadura con la demanda, ya sea a instancias de la propia víctima o víctimas, ya sea de oficio por parte del Ministerio Fiscal, según los casos, y finaliza con el dictamen de una sentencia, que podrá o no ser recurrido por las partes hasta que esta sentencia se convierta en firme, es decir, ante la cual ya no cabe recurso alguno, bien porque así lo recoge la legislación, bien porque se haya superado el plazo legalmente establecido para ello.

El proceso penal

Todo proceso penal de carácter ordinario se desarrolla a lo largo de tres etapas bien diferenciadas y sucesivas.

Etapa de preinstrucción

Es la primera fase de cual depende en gran medida el resto del procedimiento. Durante esta etapa inicial de determinarán los hechos que serán objeto del proceso penal así como el delito o delitos en los que se podría haber incurrido en base a los hechos.

También se determinará cuál es la posible responsabilidad que pueda tener el acusado/s y a partir de ello, el juez, podrá adoptar ciertas medidas que incluyen la prisión provisional, mediante la emisión de un auto.

Etapa de instrucción

En esta segunda etapa los abogados de cada una de las partes presentarán ante el juez todas las pruebas que tengan a su favor, incluyendo los testimonios de posibles testigos si los hubiere, los resultados de peritajes, informes, etcétera.

Etapa de juicio

La etapa del juicio propiamente dicho, también conocida como vista oral, es la tercera y última etapa de todo proceso penal de carácter ordinario. Durante esta fase serán presentados y expuestos ante el juez todos los detalles del caso, informes, pruebas, testimonios y demás documentos. Finalizará con la emisión de un fallo o sentencia por parte del juez, quien establecerá una pena para el autor o autores del delito acorde a lo recogido en el Código Penal y siempre y cuando se haya demostrado sin lugar a dudas la autoría del acusado.

 

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El juicio penal

Profundizaremos a continuación en esta tercera etapa, la vista oral o juicio propiamente dicho. Según se trate  de un procedimiento ordinario por delitos graves, un procedimiento abreviado, un procedimiento con jurado, el desarrollo del juicio oral presenta ciertas diferencias, por lo que lo trataremos de forma generalizada en base a los elementos comunes de todo juicio penal.

De forma previa a la celebración del juicio penal, el imputado ya ha adquirido la condición de acusado, y es conocedor del alcance de su posible responsabilidad en base a los escritos de calificación de la acusación y del fiscal.

Para que el juicio se celebre, antes el Juez de Instrucción ha dictado un Auto de apertura de Juicio Oral por haber considerado que existen indicios suficientes de delito. También ha remitido todas las actuaciones o documentación desde el propio Juzgado de Instrucción hasta el Juzgado de lo Penal. Será allí donde tenga lugar el juicio penal, en la llamada Sala de Vistas, que será de carácter público (cualquier ciudadano puede asistir como público) salvo casos excepcionales.

Un oficial nombra a las partes, las cuales se identificarán con su documento nacional de identidad en vigor. En el caso de abogados y procuradores, éstos deberán presentar su carné de colegiado. Esto se producirá antes de entrar en la Sala de Vistas. Fuera de la misma, y hasta el momento en que sean llamados a declarar, permanecerán los testigos y peritos si los hubiere. Cuando lo hagan, podrán continuar en la sala.

Tal y como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juicio penal en sí arranca con la lectura de los escritos de acusación y defensa por parte del secretario. Acto seguido, el juzgado solicitará a los representantes legales de la acusación y de la defensa y también al Ministerio Fiscal que manifiesten la existencia de alguna causa que pueda vulnerar alguno de los derechos fundamentales del acusado, que afecte a la competencia del Juzgado… El juez dirimirá estas cuestiones en ese preciso momento.

En el caso en que acusado, denunciante y fiscalía hayan llegado a un acuerdo, lo comunicarán al juez. Éste comprobará que la calificación del delito y la pena acordada entre las partes es correcta y entonces dictará sentencia, El juicio habrá finalizado en ese momento. De no haber acuerdo previo entre las partes, comenzará la fase en la que se practica la prueba.

En primer lugar declarará el acusado, al cual podrá preguntar el juez, si lo estima conveniente, seguido por el abogado de la acusación, el Ministerio Fiscal y su propio abogado defensor. El orden será exactamente el indicado, sin posibilidad de ser alterado. Y cuando el acusado haya acabado su declaración, deberá permanecer en la Sala de Vistas observando el desarrollo del juicio.

A continuación se  llamará a declarar, por este orden, a los testigos propuestos por el Fiscal, los propuestos por la acusación particular y finalmente, los testigos de la defensa. Tras sus declaraciones, comenzará la fase más técnica del juicio penal: los peritos propuestos por ambas partes, en tanto que profesionales expertos en sus respectivas materias, ratificarán y resolverán las cuestiones planteadas. Es habitual en esta fase la exposición de pruebas y documentos.

Una vez que la práctica de la prueba haya concluido, los abogados y el fiscal serán preguntados por el juez acerca de si modifican su calificación del delito, solicitando una condena mayor o menor a la inicialmente solicitada, o la absolución. Si estas calificaciones no son modificadas, el Juez concederá la palabra al Ministerio Fiscal, al abogado de la acusación y al abogado de la defensa, siempre por este orden, quienes defenderán sus argumentos por última vez.

Tras ello, el juez concederá la palabra al acusado, que podrá aceptar o rechazar realizar una última declaración. Así, el juicio penal habrá concluido y quedará visto para sentencia la cual se dictará en el plazo de veinte días y será comunicada a las partes.

Violencia de género y Orden de Protección, todo lo que necesitas saber

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La violencia de género es una lacra sobre la cual la sociedad española ha ido tomando una mayor conciencia, especialmente durante las últimas décadas. Además, también desde el Estado se ha respondido creando instituciones y organismos específicos, e implantando medidas concretas que tratan de proteger y asistir de una forma integral y efectiva a las víctimas.

Qué es la violencia de género

La violencia de género es aquel acto de violencia ejercicio por el hombre contra la mujer, siendo esta su actual o ex pareja, haya o no haya existido convivencia. Estamos por tanto ante un tipo de violencia muy concreto que se circunscribe a un autor que necesariamente ha de ser varón, una víctima, que debe ser mujer, y bajo la condición de que ambos estén y hayan estado unidos por una relación sentimental.

Las especiales circunstancias que rodean la violencia de género hacen imprescindible que las víctimas conozcan las distintas ayudas socioeconómicas y jurídicas a las que tienen derecho. Por el mismo motivo, también deben estar al corriente de los derechos concedidos por la Ley Orgánica de Medidas para la Protección Integral de la Violencia de Género.

Hoy profundizaremos en una de las medidas esenciales para toda víctima de violencia de género: la Orden de Protección.

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La Orden de protección

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 544 ter, define la Orden de Protección como una resolución judicial destinada a conceder protección a la víctima mediante la adopción de toda una serie de medidas cautelares (civiles y/o penales), así como medidas de asistencia y protección social.

Así, el objetivo primordial de la Orden de Protección, tal y como se desprende del Protocolo para la implantación de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, es devolver la sensación de seguridad a víctima y a sus familiares frente a la posibilidad de nuevas amenazas o represalias por parte del agresor. Dada esta finalidad, el acceso a la Orden de Protección se constituye en un derecho de la víctima.

Además de las medidas antes citadas, la Orden de Protección también confiere a la víctima el derecho a estar informada de forma permanente sobre la situación procesal o penitenciaria de su agresor, el alcance de la orden y la vigencia de las medidas cautelares que se hayan adoptado.

Toda Orden de Protección por violencia de género precisa para su emisión de la existencia de indicios fundados de que se han cometido delitos de violencia doméstica o de género, existiendo también una situación objetiva de riesgo para la víctima.

¿Quién puede pedir una Orden de Protección?

  1. En primer lugar, la propia víctima
  2. Cualquier persona vinculada con la víctima por cualquiera de las relaciones recogidas en el articulo 173 del Código Penal: vía descendente (hijos, nietos), ascendente (padres, abuelos), los hermanos, sea cual sea su naturaleza (hermanos de padre y madre, hermanos adoptados, hermanastros) hermanos de la pareja, así como menores o personas que, por su discapacidad, precisan de protección especial y que conviven en la unidad familiar. Por último, también cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar.

  3. El Ministerio Fiscal.

  4. El juez de oficio por iniciativa propia.

  5. Cualquier entidad u organismo asistencial, público o privado, que además tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento inmediato del Juez de Guardia o del Fiscal para que se inicie el proceso de solicitud de la Orden de Protección.

Dónde solicitar una Orden de Protección

Una Orden de Protección en caso de violencia de género o doméstica puede ser solicitada ante una amplia variedad de autoridades y organismos:

  1. Directamente ante el juez o el fiscal.

  2. Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes realizarán el correspondiente atestado que acredite los hechos Policía (Nacional, Autonómica o Local) y Guardia Civil.

  3. En las Oficinas de Atención a las víctimas. Prácticamente todas las capitales de provincia cuentan con una, y también en otras ciudades.

  4. En los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados de España. Hay un total de 83 repartidos en todas las provincias.

  5. Ante los servicios sociales o las instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.

En todos estos organismos e instituciones:

  • La víctima dispondrá de un modelo de solicitud normalizado que también podrá descargar de las páginas webs de los mismos y desde la web del Consejo General del Poder Judicial.
  • La víctima recibirá asistencia para solicitar la Orden de Protección, incluyendo información, formularios e también acceso canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

Qué proceso sigue la Orden de Protección

Una vez que la Orden de Protección ha sido solicitada ante cualquiera de los órganos o instituciones que hemos mencionado antes, la solicitud se remitirá de inmediato al Juez de Violencia sobre la Mujer aunque, si en ese momento no se encuentra en sus horas de audiencia, se remitirá al Juez de Guardia.

El juez convocará a una audiencia urgente que se celebrará en el plazo máximo de 72 horas tanto a la víctima como al agresor y al fiscal. También convocará a quien haya solicitado la orden, en caso de ser distinto a la víctima. En dicha audiencia, el juez tomará medidas para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y/u otros miembros de la familia, razón por la cual la declaración de las partes se efectuará por separado.

Finalizada la audiencia, el Juez dictará un Auto que, en caso de ser estimatorio, acordará medidas de protección a la víctima. Este Auto será comunicado a ambas partes, al Fiscal, a las Administraciones Públicas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se inscribirá en el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.

Qué medidas de protección se adoptarán en el Auto de la Orden de Protección

Las medidas que puede acordar el juez en el Auto de Orden de Protección responden a tres tipos:

Medidas penales

  1. Privativas de libertad.
  2. Orden de alejamiento para el agresor respecto de la víctima y de sus familiares.
  3. Prohibición al agresor de comunicarse con la víctima y sus familiares.
  4. Prohibición al agresor de regresar al lugar del delito o a la residencia de la víctima.
  5. La retirada de cualquier arma u objeto peligroso.

El Auto incluirá la descripción detallada del alcance y el contenido de todas las medidas adoptadas.

Medidas civiles

Para que el juez adopte medidas civiles, tan sólo podrán pedirlas de forma expresa la víctima o su representante legal. También el Fiscal en los casos en que existan hijos menores o incapaces:

  • Atribución del uso y disfrute de la vivienda, el mobiliario y el ajuar familiar.
  • Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos.
  • Fijación de una prestación de alimentos.
  • Cualquier otra medida de protección al menor que sea necesaria para evitar un peligro o perjuicio.

La vigencia máxima de estas medidas civiles será de 30 días, con la excepción de que durante ese período,  la victima o su representante legal inicie  un proceso de familia. En ese caso, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, período durante el cual el Juez civil de Familia o el Juez de Violencia sobre la Mujer deberá ratificar las medidas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

Medidas de asistencia y protección social

El Auto que concede la Orden de Protección otorga derecho automático a la víctima para acceder a las medidas de asistencia y protección social fijadas en el ordenamiento jurídico y ofrecidas por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales:

  • Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia y que es gestionada por los Servicios Públicos de Empleo.
  • Un ayuda económica recogida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gestionada por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
  • El acceso a viviendas de protección y residencias públicas para mayores.
  • Derechos laborales y de Seguridad Social.
  • Si la víctima es extranjera, podrá solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (aunque sólo le será concedida cuando recaiga la sentencia condenatoria) y también podrá solicitar una autorización de residencia independiente de los familiares reagrupados.