El delito de desobediencia a la autoridad en el nuevo Código Penal de España



En la actualidad, el delito de desobediencia a la autoridad se encuentra regulado por el artículo 556 del Código Penal bajo el Capítulo II «De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia», del Título XXII «Delitos contra el orden público»:

1.  Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.  Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

Ahora bien, esta concepción del delito de desobediencia a la autoridad en el Código Penal precisa de algunas breves aclaraciones para su total comprensión.

En primer lugar,  ¿quienes son los que no están comprendidos en el artículo 550 al que hace referencia el apartado primero del artículo 556? En líneas generales, todas aquellas personas  que no hayan cometido delito de atentado contra la autoridad, es decir, los que no «agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».

Delito desobediencia autoridad

En segundo lugar,  ¿quienes están considerados como autoridad? Los miembros y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, cualquier «miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal».

Y en tercer lugar, ¿en qué consiste el concepto de desobediencia? Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desobedecer consiste en «no hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad», es decir, incumplir el mandato o la orden, negarse al cumplimiento de lo ordenado por cualquiera de los antes mencionados considerados como autoridad.



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El delito de lesiones en el nuevo Código Penal

Desde el pasado uno de julio en que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (publicada en el B.O.E. con fecha 31 marzo, el delito de lesiones aparece regulado por los artículos 147 a 156ter, tal y como a continuación os vamos a explicar.

Antes de analizar el delito de lesiones resulta de especial importancia realizar una aclaración esencial: este Título III «De las lesiones» del Código Penal no contempla las lesiones ocasionadas dentro del marco de la violencia de género, las cuales presentan un tratamiento especial.

Dicho esto, en primer lugar, cabe destacar que el Código Penal, en su artículo 147.1, establece una primera distinción entre aquellas lesiones que tal sólo requieran «de una primera asistencia facultativa» y que por tanto podrían ser consideradas leves, respecto de aquellas otras que, además, precisen de un «tratamiento médico o quirúrgico» observando además que «La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico». De acuerdo con esta primera diferenciación, en el segundo de los casos la pena general contemplada para el autor responsable de dichas lesiones será de «prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses», mientras que en el primer caso, tan sólo recaerá una multa de entre uno y tres meses.

También los golpes y/o maltratos a otra persona, aún cuando estos no ocasionen lesión alguna, serán sancionados con multa de uno a dos meses.

Por otro lado cabe destacar que, tanto en el caso de lesiones que sólo precisan de una primera asistencia facultativa, como en el caso de agresiones que no provocan lesión, será condición imprescindible que la víctima o, en su defecto, su representante legal, presente una denuncia.

 delito de lesiones

Al igual que la mayor parte de delitos, también el delito de lesiones puede presentar actuaciones y/o circunstancias que supongan un endurecimiento de las penas contempladas, es decir, agravantes. En este sentido, el artículo 148 del Código Penal eleva la condena hasta  dos a cinco años de cárcel en función del «resultado causado o riesgo producido» cuando:

  • La agresión se haya ejecutado utilizando «armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado».
  • En los casos de alevosía o ensañamiento.
  • En aquellos casos en que la víctima sea un menor de doce años o una «persona con discapacidad necesitada de especial protección».
  • Cuando entre víctima y autor haya existido cualquier relación de afectividad «aun sin convivencia».
  • En los casos en que «la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor».

Pero según el artículo 149 CP, la pena aún puede ser mayor pues contempla de seis a doce años de prisión en los dos siguientes casos:

  1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.
  2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones.

Además, en el segundo de los casos contemplados, si concurre la circunstancia de que «la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años».

También provocar «la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad» está considerado un delito de lesiones penado con prisión de tres a seis años.

Incluso provocar, conspirar o posponer la comisión de cualquiera de los delitos de lesiones que ya hemos mencionado, será objeto de una «pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente».

El artículo 153 del Código Penal recoge además determinadas circunstancias y actuaciones por parte del autor de las lesiones que serán consideradas como agravantes y, por tanto, supondrán un castigo mayor

Y en caso de imprudencia…

El Código Penal español no se olvida en absoluto de aquellas lesiones ocasionadas con motivo de la imprudencia de su autor. En este caso, el establecimiento de las penas tendrá lugar atendiendo «al riesgo creado y el resultado producido», de tal forma que se distingue entre imprudencia grave e imprudencia menos grave.

En función de estos criterios, las penas contempladas para los delitos de lesiones por imprudencia quedan recogidos en el artículo 152 y sus penas oscilan entre la multa de tres a doce meses, y la pena de prisión de entre uno a cuatro años.

Peleas tumultuarias y consentimiento

Finalizamos este análisis del delito de lesiones en el nuevo Código Penal con los artículos 154 y 155 que dicen así respectivamente:

  • Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
  • En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

El delito de estafa en el actual Código Penal español

El pasado día uno de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal en España lo cual ha supuesto muchas novedades sobre una gran cantidades de modalidades delictivas entre ellas, también, el delito de estafa.

El delito de estafa se encuentra regulado en el Código Penal por los artículos 248 a 251bis bajo la Sección 1 «De las estafas» del Capítulo VI «De las defraudaciones» del Título XIII «Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico», junto a delitos como el hurto, el robo, la extorsión y la usurpación, pero diferenciado de ellos.

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El artículo 248 CP pone de manifiesto la necesidad del uso del engaño para que una determinada actuación pueda ser considerada como un delito de estafa, y lo hace de la siguiente manera:

1.Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno

Además, en su apartado segundo señala que también cometen estafa aquellos individuos que:

  • Utilicen la manipulación informática «o artificio semejante» para transferir sin consentimiento activos patrimoniales de los que no son titulares.
  • Fabriquen, posean, introduzcan o faciliten cualquier tipo de software cuyo objetivo explícito sea cometer cualquiera de las estafas recogidas en el Código Penal.
  • Usen tarjetas bancarias, cheques de viajes o los datos que aparecen en estos para realizar operaciones perjudicando al titular.

En cuanto a las penas establecidas para el delito de estafa, el Código Penal fija una primera diferenciación tomando como punto la cantidad defraudada. En este sentido, y como norma general, cuando la cuantía de lo defraudado no exceda de los 400 euros, «se impondrá una pena de multa de uno a tres meses». Ahora bien, la pena podrá elevarse a prisión de entre seis meses y tres años en función de otras circunstancias que serán tenidas en cuenta por la justicia como «el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción». (Artículo 249)

A medida que avanzamos en la lectura del Código Penal, observamos como las penas consideradas para el delito de estafa se van endureciendo en función de que concurran determinadas circunstancias que actúan como agravantes.

En este sentido, el artículo 250.1 CP eleva la pena a «prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses» cuando:

  1. Lo defraudado constituya elementos de primera necesidad, vivienda u «otros bienes de reconocida utilidad social».
  2. Cuando se efectúe manipulando firmas o sustrayendo/ocultando documentos, expedientes, etcétera.
  3. Cuando la estafa recaiga sobre bienes de especial valor «artístico, histórico, cultural o científico».
  4. En función de la gravedad del daño económico causado a la víctima o a sus familiares.
  5. Cuando el importe de lo defraudado supere los 50.000 euros o «afecte a un elevado número de personas».
  6. Cuando se abuse de la confianza personal o de la credibilidad profesional para cometer delito de estafa.
  7. Cuando se alteren pruebas en un proceso judicial, lo que supone un delito de estafa procesal.
  8. Cuando el autor del delito ya cuente en su haber con tres condenas por delitos comprendidos en este capítulo.

Además, según el artículo 250.2 CP, cuando el agravante 1 coincida con cualquiera de los agravantes 4 a 7, o cuando el importe defraudado supere los 250.000 euros, «se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses».

El delito de estafa también contempla en su artículo 250 la pena de cárcel de entre uno y cuatro años en los casos de contrato simulado, cuando alguien se atribuya falsamente una cosa y la enajene (por ejemplo, alquilar sin permiso una vivienda de la que no se es propietario), venda o arriende, y cuando se oculten las cargas que recaen sobre algo antes de su transmisión perjudicando al adquiriese o a terceros (por ejemplo, ocultar la deuda con la comunidad de propietarios cuando se vende un piso).

Por último, el artículo 250 bis también recoge la responsabilidad de una persona jurídica en cualquiera de los delitos de estafa recogidos en el Código Penal fijando las multas especiales:

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

El delito de daños en el nuevo Código Penal

El pasado primero de julio de 2015 entraba en vigor la reforma del Código Penal español y con ella, evidentemente, muchas novedades. Una de ellas es el delito de daños que no exceda de los 400 euros lo cual, en la práctica, supone un endurecimiento de las penas en tanto que desde entonces se considera delito algo que antes estaba tipificado como falta.

Hablamos de daños al referirnos a la destrucción, deterioro o menoscabo de bienes ajenos, que se convierte en delito de daños informáticos al demostrarse una conducta dolosa, es decir, intencionada.

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Hasta la actual reforma del Código Penal, actuaciones como romper el espejo retrovisor de vehículo que no superase los 400 euros, participar en una pelea y causar daños en la ropa de una persona que no excedan los 400 euros o destrozar cualquier mobiliario público por un valor de hasta 400 euros, estaban consideradas faltas de daños recogidas en el artículo 621.1 del ya derogado Código Penal de la siguiente forma:

“Serán castigados con la pena de localización permanente de dos a 12 días o multa de 10 a 20 días los que intencionadamente causaran daños cuyo importe no exceda de 400 euros.”

Sin embargo, tras la reforma legislativa, las Faltas de Daños han sido suprimidas en tanto que han pasado a convertirse en Delitos menos graves de Daños lo que supone no sólo un aumento de las penas contempladas, si no también la aparición de antecedentes penales.

El actual artículo 263.1 del Código Penal expresa lo siguiente:

“El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

Respecto a la cancelación de los antecedentes penales originados por este delito de daños que antes era una falta, el Código Penal contempla un plazo de seis meses a contar desde el momento en que la pena fijada haya sido cumplida siempre y cuando, lógicamente, no se vuelva a delinquir.

Ejemplo de delito de daños informáticos

Curiosamente este tipo de delito de daños informáticos se produce en el ámbito empresarial y cometido por trabajadores o extrabajadores con algún tipo de ánimo de venganza o deseo de causar algún daño a dicha empresa. Como el caso de un trabajador de una compañía que al ser despedido realizó un ataque informático mediante el conocido ataque de denegación de servicio, contra los servidores de la empresa. Finalmente la Audiencia Provincial le condenó a 6 meses de prisión y a una indemnización de 58.000.-€.

Artículo 264 – Delito de daño informático

1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.
3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.
5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.
Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.
Artículo 264 bis

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno:

a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
b) introduciendo o transmitiendo datos; o
c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.

El delito de hurto en el Código Penal español

Con relativa frecuencia solemos denominar robo a aquellas acciones que en realidad son hurto, lo cual constituye una importante y grave equivocación dado que ambas actuaciones no están consideradas como semejantes por la legislación.

Para comprender el delito de huerto en el código penal, la clave fundamental radica en el propio análisis etimológico y comparación de ambos términos, hurto y robo.

La palabra hurto tiene su origen en el término en latín hurtum y, de acuerdo con este principio, el propio Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) lo define en su acepción jurídica como “el delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo”.

En contraposición, la misma RAE define jurídicamente el robo como “el delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas”.

Así, la principal distinción entre el delito de hurto en el Código Penal y el delito de robo radica en el uso y empleo, o no, de la intimidación o la violencia contra las personas, o la fuerza sobre las cosas.

Esta explicación lingüística de los términos robo y hurto nos ayudan a comprender la regulación del delito de hurto en el Código Penal español el cual también establece una distinción entre ambos conceptos, aunque con un pequeño gran matiz.

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En este sentido, el Capítulo Primero “De los hurtos” del Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” del Código Penal, establece dicha diferencia básicamente en la cuantía de lo sustraído estableciendo el límite el los 400 euros. El artículo 234 lo pone de manifiesto de la siguiente manera:

  1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
  3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

Sin embargo, el delito de hurto en el Código Penal español también recoge ciertas actuaciones y circunstancias que supondrán agravantes y por tanto, desembocarán en un incremento de la pena impuesta hasta la prisión de uno a tres años, es decir, el doble de lo anterior. Algunas de estas circunstancias agravantes son:

  • Cuando los objetos robados tengan un valor “artístico, histórico, cultural o científico”.
  • Cuando el hurto se produzca sobre cosas consideradas de primera necesidad o provoque un desabastecimiento.
  • Cuando el hurto se produzca sobre infraestructuras destinada a la prestación de servicios de interés general como telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, etcétera.
  • Cuando se ponga en grave peligro la situación económica de la víctima o el hurto se produzca aprovechando circunstancias de la víctima tales como el desamparo o un accidente.
  • Cuando se emplee a menores de 16 años para cometer el delito de hurto.
  • Y otras.

Además, el artículo 235.2 recoge que la pena agravada se impondrá en su mitad superior (prisión de dieciocho meses a tres años) cuando se den dos o más de los agravantes antes citados.

El delito fiscal en el Código Penal español

Bajo el Título XIV “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social” recogido por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, encontramos los artículos correspondientes que regulan las actuaciones susceptibles de ser constitutivas de un delito penal, así como sus agravantes y penas contempladas.

El delito fiscal consiste en defraudar a la Hacienda Pública una cantidad de dinero que se sitúa por encima de un importe establecido por ley (120.000 euros), es decir, omitir u ocultar ingresos tributarios y dejar de ingresar la cuota que correspondería por estos. En concreto, el artículo 305.1 del Código Penal español define el delito fiscal de la siguiente forma: “El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria”.

Este incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente es considerado como una infracción administrativa que la propia Administración Tributaria sanciona a través de una multa sin embargo, estas infracciones pueden llegar a ser constitutivas de delito en función de su mayor gravedad. Dicha gravedad depende básicamente de razones cuantitativas, es decir, del importe defraudado. En este caso, serán los juzgados de lo penal los encargados de instruir los procedimientos e imponer las penas que correspondan.

Para que dicha defraudación sea considerada delito es necesaria la existencia de lo que se denomina como “elemento subjetivo del delito”, es decir, que el acusado haya actuado con la intención evidente de evitar el pago.

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Esta actuación indebida es sancionable tanto si se falsean datos en la declaración (deducciones, reducciones, exenciones o cualquier concepto que conduzca a reducir la deuda, por ejemplo, presentar facturas falsas), como si se omiten datos de forma deliberada con el fin evidente de engañar a la Hacienda Pública, ya sea eludiendo el pago de las cantidades a las que se está obligado, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando de beneficios fiscales a los que en realidad no se tiene derecho.

El delito fiscal, como otros tantos delitos, también contempla la existencia de situaciones y/o actuaciones que constituyen agravantes. Uno de los más significativos es el de utilizar a otras personas con el fin de que la identidad del verdadero obligado tributario permanezca oculta.

También la existencia de una estructura organizativa que afecta a varios obligados tributarios es un agravante, al igual que los casos en los que el importe defraudado resulta especialmente trascendente.

También son actuaciones constitutivas de delitos fiscal:

  • La obtención de desgravaciones, ayudas y/o subvenciones de la Administración Pública falseando u ocultando las condiciones necesarias .
  • Cuando los que están obligados a llevar una contabilidad mercantil, registros o libros fiscales, eludan esta obligación.
  • Cuando se lleve una doble contabilidad ocultando la situación verdadera de la empresa.
  • Etcétera.

Con qué castigo está penado el delito de estafa

El principal punto de inflexión en el delito de estafa recae en su cuantía de tal forma que, si el importe defraudado no excede los 400 euros, la pena impuesta será una multa de uno a tres meses (artículo 249) sin embargo, si la cantidad defraudada supera dicho límite, el Código Penal establece como normal general que “los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.”

Ahora bien, como decíamos, este es el castigo recogido como norma general, pues existen cierto agravantes que supondrán penas mayores y que aparecen recogidos en los artículos 250 y 251.

Así, la pena de prisión será de uno a seis años, a la que habrá que sumar una multa de seis a doce meses, en los casos siguientes:

1. Cuando recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

3. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

4. Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

5. Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.

6. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

7. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

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Además, cuando cualquiera de las circunstancias 4, 5 o 6 antes mencionadas, coincida con el caso uno, la pena aún se elevará más hasta un período de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de entre doce y veinticuatro meses.

En último lugar, el artículo 251 recoge tres actuaciones que también serán consideradas como un delito de estafa y castigadas con pena de prisión de uno a cuatro años:

1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Todo lo anterior está referido a personas físicas que puedan cometer cualquiera de los delitos de estafa tipificados sin embargo, también las personas jurídicas serán responsables de dichos delitos, y sus penas ascenderán a:

  • Cuando el delito tiene una pena de cárcel prevista superior a los cinco años, multa del triple al quíntuple del importe total defraudado.

  • En el resto de los casos, la jueces y tribunales podrán imponer una multa que oscilará entre el doble y el cuádruple del importe defraudado.

Como última apreciación es necesario señalar que en aquellos casos en los que el culpable de un delito de estafa aproveche las circunstancias para defraudar de una forma reiterada, esta acción pasará a convertirse en un delito de estafa continuada, con el subsiguiente endurecimiento de las penas que ello supondrá para el acusado.

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Qué es el delito de estafa y qué tipos de estafa existen

Común a todos los tipos de delitos de estafa es el engaño a la víctima. En este sentido el artículo 248 establece que habrán cometido un delito de estafa todas aquellas personas que “con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno” es decir, engañar a otra persona con el fin de obtener un beneficio propio.

El Tribunal Supremo además ha señalado que para que un engaño sea considerado como un delito de estafa y, por lo tanto, pueda ser legalmente castigado, éste ha de ser “idóneo, relevante y adecuado para producir el error. Capaz de mover la voluntad normal de un hombre, por lo que queda erradicado el engaño burdo, grosero o increíble”. Esto quiere decir que cuando un engaño es evidente, por ejemplo, porque la gran mayoría de la población sospecha de esa actividad, no sería considerado como delito de estafa. Baste como ejemplo ilustrativo la actividad de sanaderos, curanderos, videntes, etcétera.

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Siguiendo esta argumentación, en el mismo artículo del Código Penal español podemos encontrar los diferentes tipos de estafa considerados como tal y por tanto, perseguidos y penados por nuestra justicia:

  1. Las transferencias de dinero o cualquier otro activo patrimonial del que es titular otra persona, sin su consentimiento, y valiéndose de cualquier manipulación tecnológica.

  2. La fabricación, introducción, posesión o facilitación de software informático cuyo fin principal es la comisión de cualquiera de las estafas recogidas en el Código Penal.

  3. El uso de tarjetas de débito y/o crédito, cheques de viajes o cualquiera de los datos que en estos figuren para realizar cualquier tipo de operaciones que perjudiquen a su legítimo titular o a un tercero.

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El delito de descubrimiento y revelación de secretos en la legislación española: su adaptación a las nuevas tecnologías

 

La intimidad y la privacidad de las personas es uno de nuestros bienes inmateriales más preciados y por ello, existe una amplia legislación cuya finalidad es la de proteger a las personas y empresas de cualquier tipo de acción que suponga una vulneración del mismo.

El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 consagra este derecho a la intimidad, junto al derecho al honor y el derecho a la propia imagen, vinculándolos al ámbito privado, mientras que el Código Penal, en su Título X, “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, desarrolla y explicita los diferentes tipos de modalidades delictivas, sus agravantes y las penas de que podrán ser objeto, todo ello con el fin de asegurar el pleno poder individual de las personas para gestionar todo cuanto afecta a su privacidad e intimidad.

Con la aparición y difusión de internet y los nuevos medios y dispositivos de comunicación, la legislación al respecto del delito de descubrimiento y revelación de secretos ha hecho un gran esfuerzo, y lo sigue haciendo, para adaptarse a la nueva realidad.

En este sentido, los delitos que recogía el Código Penas de 1973 en sus artículos 497 (violación de secretos documentales) y 497 bis (escuchas ilegales), fueron refundidos en un solo tipo penal con una redacción mucho más completa y, sobre todo, adaptada a la nueva realidad, añadiendo las expresiones “mensajes de correo electrónico” e incluyendo la captación de imágenes y/o grabaciones , así como cualquier otra señal de comunicación y su difusión sin consentimiento.

Así, el delito de descubrimiento y revelación de secretos también incluirá a sus diferentes variantes cuando estas se produzcan empleando para ello cualquier medio informático o cuando se difunda a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera.

Información de interés:

Casos de delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos

Delito contra la intimidad de las personas en Internet y Redes sociales

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Delito contra la seguridad vial y delito de lesiones al atropellar a un Guardia Civil

Se plantea el siguiente supuesto: en un control de la Guardia Civil uno de los agentes sufre el atropello por parte de uno de los conductores a los que se les da el alto. Como consecuencia del accidente el agente padece diversas lesiones: fractura del maléolo interno del pie izquierdo y algunas molestias en la espalda y en la rodilla izquierda. Se detiene al conductor porque se le detecta una tasa muy alta de alcohol (0´91 miligramos por litro de aire espirado). El afectado sufre también daños económicos (fractura de unas gafas y rotura del teléfono móvil, de gama alta).

Se trata de un caso interesante, pues plantea cuestiones tanto civiles como penales que merecen nuestra atención. Desde el punto de vista penal podrían apreciarse los siguientes delitos:

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